El pasado viernes 14 de abril, Brenda Díaz, manifestante del 11 de julio, fue llevada a juicio por segunda vez, y este martes 18 comparecerá en una segunda sesión.
La joven, quien ya cumple una condena de 14 años de privación de libertad por desorden público y sabotaje en la prisión Cuba-Panamá –para personas que viven con VIH/Sida–, enfrenta ahora un nuevo cargo: desacato.
¿Cuáles fueron los hechos recientes?
De acuerdo con su madre, Ana María García, el 12 de febrero un guardia de la prisión entró al cubículo donde Brenda se encontraba con su compañero y se refirió a ellos de manera ofensiva.
“Los maricones estos me tienen cansado”, habría sido la frase por la cual Brenda le replicó que así no debía expresarse, que era una falta de respeto.
“Y ahí el guardia forcejeó con ella, le trilló la pierna con la reja del cubículo y después en el comedor la cogió por el cuello, le dio unos tonfazos por los muslos y la metieron en celda de castigo por 15 días”, relata Ana María.
Ese mismo día un compañero de prisión de Brenda la llamó y le contó lo ocurrido. Al día siguiente se dirigió a la prisión para saber sobre su hija. La atendió el Jefe de Orden Interior, quien le dijo que no sabía nada de ese incidente pues no se encontraba en el reclusorio cuando sucedió. Le aseguró que Brenda estaba bien, pero dijo que no podía verla; el único autorizado para permitirlo era el jefe de prisión. Para verlo tendría que regresar el miércoles próximo.
El miércoles siguiente, Ana María volvió y se entrevistó con Camilo Arzuága Ávila, el actual jefe de prisión, quien tampoco le permitió ver a Brenda. Le aseguró que ella no había recibido agresiones de ningún tipo. Le avisó, más bien, sería acusada de desacato y que, por tanto, solo podría recibir visitas de un abogado.
Inmediatamente, Ana María denunció en redes lo que le pareció el colmo del cinismo y del abuso: cómo su hija, víctima, sería juzgada como victimaria.
De los 15 días en la cárcel de castigo, Brenda estuvo 12 sin agua para asearse, apenas para tomar. Desde su encarcelación en julio de 2021, su madre no ha parado de llamar la atención sobre su salud y la precaria atención médica. Brenda padece de cálculos en los riñones, de gastritis crónica y es VIH positiva.
Tras el incidente con el guardia, la próxima vez que Ana María supo de su hija fue pocos días antes de la visita, que la llamó desde la prisión. Dice que al visitarla luego, el miércoles 29 de marzo, apenas ya le quedaban marcas de los golpes. Ese día su hija le confirmó que el guardia la había acusado de desacato y que sería llevada a juicio nuevamente el viernes 14 de abril.
¿Quién es Brenda y por qué ya estaba privada de libertad?
Brenda, conocida como “La Pichu”, es una joven de 29 años que participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en su natal Güira de Melena, provincia Artemisa. Ese mismo día fue detenida junto a su hermano, a quien liberaron semanas después con medida cautelar y una multa de 1000 pesos cubanos. Ella, en cambio, fue acusada de desorden público y de atentado por apedrear tiendas MLC (Moneda Libremente Convertibles).
Inicialmente acusada de cinco delitos y sentenciada a 18 años de privación de libertad, ganó notoriedad entre los miles de detenidos tras las masivas manifestaciones por ser una mujer trans con varios padecimientos médicos.
Las tiendas MLC como la que supuestamente Brenda y cientos de cubanas y cubanos apedrearon y exigieron su cierre, son parte de la llamada “Tarea Ordenamiento”, la cual, según las autoridades, corregiría “distorsiones de la economía asociadas a la dualidad monetaria”.
Lejos de esto, ha sido calificada de desastrosa y vergonzosa, tratándose de un Gobierno que se jacta de promover y trabajar por igualdad y justicia social; y por ser, en el caso de estas tiendas, un plan para recaudar divisas durante la pandemia, que no fue recibido con mucho encanto.
A esta moneda, que es una especie de divisa virtual, no puede acceder toda la población. Para ello dependen de remesas y depósitos en euros, dólares o libras esterlinas desde el exterior. Calificada como un “apartheid económico” o “medidas de corte neoliberal”, estas tiendas limitan el acceso a productos de primera calidad y profundizan las desigualdades económicas.
Desde el 11 de julio Brenda está tras las rejas por ser identificada, según Fiscalía, en un “rol activo” en los apedreamientos a tiendas de este tipo en su localidad.
Luego de pasar por varios centros penitenciarios, finalmente a inicios de agosto de 2021 fue trasladada a la prisión Cuba-Panamá, conocida como la “prisión del Sida”, en el municipio de Güines, provincia Mayabeque, donde se encuentra actualmente. Al llegar allí fue rapada y alojada en un pabellón de hombres.
Su juicio y el de los otros 32 manifestantes procesados de Güira de Melena, tuvo lugar 8 meses después, entre los días 7 y 11 de marzo de 2022 en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. Fueron juzgados por un tribunal militar. Esto se debe a que las tiendas MLC son consideradas instalaciones militares, ya que están subordinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Desde el principio, su madre creyó que a su hija la identificaron muy fácil porque “viste de mujer”. En el expediente de Conclusiones Provisionales de la Fiscalía Militar se señalaba que Brenda, a quien se refieren por su nombre legal y su alias “La Pichu”, iba “arropado con un vestido de mujer” incautado durante el proceso de instrucción.
En aquel entonces la abogada Deyni Terry Abreu aseveró que hacer referencia a la vestimenta, en este caso, era irrelevante, así como la expropiación del vestido, ya que este no constituía una “prueba contundente”. No era un arma ni un objeto utilizado para cometer los delitos de los que se le acusaba. Solo podía entenderse como un irrespeto a su expresión e identidad de género, puesto que en dicho expediente solo se detallaba la vestimenta de Brenda y no la del resto de los enjuiciados.
La sentencia llegó un mes después, el 8 de abril. De los cinco cargos imputados, le retiraron tres. Y de 18 años le bajaron la condena a 14.
Poco después, el 18 de junio de 2022 en la sala militar del Tribunal Supremo todas las esperanzas de Ana María murieron cuando fue desestimado el Recurso de Casación en el caso de Brenda. Fue una de las pocas que no recibió un cambio de medida en esa ocasión. El tribunal ratificó su sentencia de 14 años de privación de libertad.
Tomada de Agencia EFE
¿Qué pasa con las mujeres trans y travestis en prisión?
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) ha advertido que las personas LGBTIQ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y de sufrir otros actos de violencia y discriminación a manos de otras personas privadas de libertad o de carceleros.
El informe “Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros” , realizado en 2020 por 9 organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, señala que:
Si bien las personas privadas de libertad son vulnerables durante el encarcelamiento y los factores estructurales limitan la realización de sus derechos humanos básicos, algunos grupos enfrentan castigos adicionales, lo que conlleva a una mayor vulnerabilidad. El encarcelamiento de las mujeres trans presentan retos adicionales relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas invasivas, el acceso limitado a servicios médicos —incluyendo tratamientos con hormonas, transformaciones corporales supervisadas, servicios para personas viviendo con enfermedades de transmisión sexual—, la privacidad, las visitas conyugales, entre otros.
Alerta que aunque existen leyes de identidad de género en algunos países de la región y estándares internacionales de protección de derechos humanos, “cuando se trata de personas trans persisten prácticas violentas, estigmatizantes y discriminatorias por parte de agentes estatales”.
Sugiere este informe que el alojamiento de personas trans en centros penitenciarios debe cumplir “criterios de identidad, seguridad, riesgos y preferencia de la población trans”. Sin embargo, los países de la región no hacen partícipes a las mujeres trans en la decisión del alojamiento.
A menudo son ubicadas en cárceles para hombres, lo cual viola sus derechos de identidad y las expone a mayor riesgo de violencia sexual. Al mismo tiempo se suelen vulnerar sus derechos de salud, al negárseles el acceso a hormonas y a un monitoreo médico especializado en los requerimientos de los cuerpos trans.
En enero de este 2023 el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), luego de una visita a la prisión donde se encuentra Brenda, anunció modificaciones en el reglamento de prisiones con reconocimiento de derechos fundamentales de personas trans privadas de libertad, tales como “acceso a atención de salud y a imagen personal”, entre otros.
Durante el año y nueve meses que Brenda lleva privada de libertad, su madre Ana María ha denunciado burlas y agresiones que ha sufrido su hija por parte de oficiales y de otros presos.
Al inicio de encontrarse en Cuba-Panamá un recluso intentó violarla y cortarle la cara, ella se defendió y fue llevada a celda de castigo. Más tarde fue liberada cuando se aclararon los hechos. Y en noviembre de 2022 Ana María denunció en redes sociales que un guardia de la prisión había empujado a Brenda por unas escaleras.
¿Qué ha ocurrido en este segundo juicio por desacato y qué se espera?
Según Ana María, el pasado viernes 14 de abril, Brenda entró en la sala esposada con “shakiras”, una forma de tortura utilizada por las autoridades penitenciarias. Denunciadas y descritas por el profesor y periodista José Raúl Gallego en su cuenta de Twitter como “cinturones de transporte y restricción de movilidad empleados para trasladar prisioneros, consistentes en una cadena que se coloca alrededor de la cintura, a la cual se esposan las manos y se une con otra cadena a esposas en los tobillos”.
Brenda declaró cómo se dieron los hechos del 12 de febrero y su abogado mostró el certificado de lesiones, donde se evidenciaban “traumas físicos ocasionados por golpes”. Por su parte, el guardia que presentó los cargos contra Brenda no se presentó a la audiencia. La fiscal avisó que sería multado y la sesión quedó pospuesta para este martes 18 de abril, a la cual deberá presentarse.
De acuerdo con el jurista Julio Antonio Fernández Estrada, a quien consultamos para esta nota: “en esos casos, si la condenan de nuevo [a Brenda] le hacen un nuevo cómputo de sanción, una sanción conjunta con la que ya tiene y pueden sumarle un poco”.
Advirtió que ese delito de desacato va a tener agravantes porque está hecho dentro de un centro penitenciario, pero que de todos modos es un delito con un marco penal pequeño. “Lo que debe subir es bastante poco”, agregó.
Ana María, fiel luchadora de la libertad de Brenda, no piensa renunciar hasta tanto ver lograda la liberación de su hija y la de otros presos por “motivos políticos”.
